Vivienda

Construcción de 1.25 millones de viviendas y departamentos nuevos a nivel nacional, a través de mecanismos de inversión pública, privada y asociaciones público-privadas, priorizando zonas urbanas y periurbanas con acceso a servicios básicos, transporte e internet, para reducir en más del 50% el déficit habitacional.

Establecimiento de planes urbanos integrales obligatorios en todas las ciudades y provincias, priorizando zonas de expansión con criterios de sostenibilidad, acceso a servicios básicos y reducción de riesgos ante desastres.

Implementación de un Sistema Nacional de Información Catastral y Urbana, interoperable con COFOPRI, SUNARP y municipalidades, complementado con un Catastro Urbano Unificado y un Visor Nacional de Vivienda, que permita transparencia, predictibilidad jurídica y mejor gestión del suelo.

Incorporación de infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana, para mejorar resiliencia frente a lluvias intensas y sequías.

Desarrollo de Ciudades Inteligentes en terrenos estatales, con servicios completos: agua, desagüe, electricidad, transporte e internet, promoviendo la densificación urbana y la vivienda multifamiliar.

Creación de un Sistema Nacional de Información Habitacional que permita monitorear en tiempo real el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, la calidad de las viviendas y los avances de los programas sociales.

Impulso de programas de renovación urbana en barrios tradicionales (solares, callejones y corralones), incorporando servicios comunales y espacios públicos seguros.

Desarrollo de polos urbanos en regiones con potencial productivo, articulando vivienda, empleo, servicios y conectividad territorial.

Ampliación de programas como Techo Propio, MiVivienda y Vivienda Rural, con apoyo diferenciado para sierra y selva.

Fortalecimiento del Bono de Alquiler y Compra de Vivienda para Jóvenes, y promoción de incentivos para el desarrollo del mercado formal de alquiler, especialmente dirigido a jóvenes y trabajadores en etapa de independencia.

Modernización del Fondo Hipotecario Verde con tasas menores al 4% para familias de bajos ingresos, ligado a viviendas ecoeficientes.

Implementación de un Programa Nacional de Viviendas Seguras, con reforzamiento estructural para reducir el riesgo de colapso en zonas sísmicas y de inundación.

Reubicación de familias en zonas de alto riesgo no mitigable, priorizando proyectos integrales con servicios básicos garantizados.

Implementación de casas térmicas y cobertizos contra el frío en comunidades altoandinas, usando tecnologías sostenibles y materiales locales.

Aplicación de tarifas sociales reducidas en agua y electricidad, así como promociones en servicios de telecomunicaciones, para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, priorizando complejos habitacionales, programas de vivienda social y zonas urbanas con alta concentración de población adulta mayor, a fin de garantizar permanencia, habitabilidad y acceso a servicios esenciales.

Creación de un Fondo de Garantía para Techo Propio, orientado a impulsar el acceso al crédito hipotecario y ampliar la participación del sistema financiero, incluyendo mecanismos alternativos como la titulización de hipotecas para vivienda social.

Restablecimiento del Quinto Rango del Nuevo Crédito MiVivienda, para atender segmentos medios hoy excluidos del financiamiento formal.

Canalización de recursos del canon para el financiamiento de Vivienda de Interés Social (VIS), con énfasis en zonas rurales y territorios con brechas habitacionales persistentes.

Implementación del programa “Mi Título, Mi Hogar Seguro”, para garantizar el derecho a la propiedad mediante la titulación masiva y digital de viviendas urbanas, con ventanilla única de formalización, uso de inteligencia artificial, subsidios para construcción segura y asistencia técnica en coordinación con gobiernos locales y colegios profesionales.

Reestructuración y fortalecimiento de COFOPRI como una institución ágil y moderna, orientada a asegurar el derecho a la propiedad a través de procedimientos digitales que permitan el otorgamiento masivo de títulos debidamente inscritos en SUNARP.

Creación de una Agencia Nacional de Gestión de Suelo, encargada de habilitar terrenos estatales y comunales con agua, desagüe y electrificación antes de transferirlos a proyectos habitacionales.

Establecimiento de un Sistema Nacional de Prevención y Combate del Tráfico de Terrenos, articulado con SUNARP, gobiernos locales y una policía especializada, con georreferenciación, alertas tempranas y sanciones inmediatas.

Mayor seguridad jurídica en el suelo y en la ejecución de obras, garantizando predictibilidad normativa y estabilidad para familias, inversionistas y operadores urbanos.

Impulso de Operadores Privados de Suelo, bajo regulación estatal, para acelerar la habilitación urbana y el cierre de brechas habitacionales.

Uso estratégico de predios del Estado para habilitarlos como suelo urbano destinado a vivienda social, mediante saneamiento legal y cambio de zonificación.

Construcción de complejos habitacionales integrales con servicios básicos, áreas verdes, equipamiento urbano y acceso al transporte, priorizando a familias de bajos ingresos.

Creación del Instituto de Desarrollo y Planificación Territorial (INDEPLAN) como órgano técnico de planificación urbana y territorial de alcance nacional.

Uso intensivo de mecanismos como Proyectos en Activos, Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones Público-Privadas (APP) como complemento para el cierre de la brecha habitacional.