Orden económico

Aseguramiento de la independencia del BCRP y el respeto a los contratos.

Sostenimiento del déficit fiscal del 1% del PBI en 2031.

Previsibilidad regulatoria.

Implementación del Plan de gestión de riesgos y de resiliencia.

Implementación de una Ventanilla Única Digital Nacional con IA y tercerización regulada, que permita realizar en línea al menos el 80% de los trámites empresariales, con operadores privados certificados, interoperabilidad entre entidades y supervisión algorítmica para asegurar transparencia, eficiencia y seguridad, garantizando la protección del derecho a la propiedad mediante trámites ágiles, interoperables y libres de discrecionalidad para la formalización, uso y transferencia de bienes.

Implementación de la estrategia nacional “Cero Colas”, que obligue a todas las entidades públicas a ofrecer atención 100% digital para trámites recurrentes y de alta demanda, complementado con citas previas obligatorias para los trámites presenciales, atención en franjas horarias extendidas y monitoreo en tiempo real de tiempos de espera. El objetivo es eliminar las colas físicas en el Estado en un plazo máximo de dos años.

Aplicación de silencio positivo a los trámites administrativos que correspondan, respetando la autonomía de las Municipalidades.

Estandarización de los procedimientos municipales a nivel nacional, garantizando que, a igualdad de procedimientos, haya igualdad de requisitos y criterios, eliminando discrecionalidades.

Fortalecimiento del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, incorporando en su estructura una Unidad Antiburocracia encargada de identificar y eliminar trabas administrativas, promover la simplificación de procedimientos y proponer sanciones frente a la ineficiencia pública, con el fin de acelerar las inversiones y mejorar el clima empresarial.

Reforzamiento del rol proactivo de INDECOPI en la identificación y eliminación de barreras burocráticas, otorgándole facultades para realizar supervisiones preventivas, auditorías aleatorias y revisiones sectoriales de oficio, priorizando aquellos procedimientos que generen mayores costos o demoras a ciudadanos y empresas. INDECOPI publicará reportes semestrales con recomendaciones obligatorias para las entidades evaluadas y podrá ordenar la eliminación inmediata de barreras ilegales o irrazonables, sin esperar denuncias

Fortalecimiento y profundización del proceso de shock desregulatorio para reducir en al menos 40 % el tiempo promedio de tramitación de proyectos de inversión.

Eliminación de más de 500 procedimientos administrativos redundantes y unificación de normativas dispersas.

Establecimiento de plazos máximos y vinculantes para autorizaciones sectoriales, evitando que inversiones estratégicas queden paralizadas indefinidamente.

Incorporación de herramientas de inteligencia artificial y sistemas digitales para simplificar trámites, reducir costos y agilizar procesos.

Modernización y revisión del proceso de descentralización, orientada a mejorar la eficiencia del Estado y elevar la calidad de los servicios públicos.